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Archives for marzo 2016

VERGÉS ABOGADOS ESTUVO PRESENTE EN LA CELEBRACIÓN DEL 10 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN SANT CUGAT EMPRESARIAL

El passat Dijous 17 de Març VERGÉS ADVOCATS va estar present a la celebració del 10è aniversari de l’Associació Sant Cugat Empresarial. Es va dur a terme a les instal.lacions del Treatre Auditori de Sant Cugat i va comptar amb la presència del Molt Hble. President de la Generalitat Carles Puigdemont, així com de l’Alcaldessa Mercè Conesa.

Va ser un moment de trobada i celebració amb el teixit empresarial de la ciutat de Sant Cugat en el que els assistents també vàrem poder gaudir de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat.

 

El pasado jueves 17 de marzo VERGÉS ABOGADOS estuvo presente en la celebración del 10 aniversario de la Asociación Sant Cugat Empresarial. Se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Auditorio de Sant Cugat y contó con la presencia del Muy Hble. President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, así como de la Alcadesa Mercè Conesa.

Fue una ocasión de encuentro y celebración con el tejido empresarial de la ciudad de Sant Cugat en la que los asistentes también pudimos disfrutar de la Orquestra Sinfónica de Sant Cugat.

El caso Bretón y las indemnizaciones por daño moral

Resulta muy complejo poder definir el concepto de daño moral y más aún cuál debe ser su cuantificación, lo que es indiscutible es su existencia y la necesidad de que sea resarcido.

Ejemplo de la complejidad de detallar la cuantía de la indemnización y de la disparidad de decisiones que los Tribunales toman es el reciente fallo de la Audiencia Nacional, en el conocido “caso Bretón”. Procedimiento en el cual se juzgaba a la forense inicial de la Policía Nacional que analizó los restos encontrados en la hoguera de Las Quemadillas, y que cometió el inexplicable error de identificar los huesos de los niños como restos de animales. La equivocación produjo una importante dilación en la fase de investigación y una situación de continuo desasosiego y angustia para la madre de los menores.

La Sala Contenciosa de la Audiencia Nacional entiende que “los daños morales no se pueden contar, pesar o medir como si de bienes fungibles se trataran y, además, porque racionalmente no puede ser comparable el propio dolor por la muerte de dos hijos, con una incidencia, si se quiere inoportuna y desagradable, que surge en el período de investigación del delito”. El fallo continúa: “Qué duda cabe que se produce un daño cierto y real por causa de un mal funcionamiento de los servicios públicos, porque de no haber existido se habría evitado la incertidumbre de 10 meses de espera y se hubiera evitado cierto retraso en la instrucción del caso”.

Pues bien, aun reconociendo la culpabilidad y la grave negligencia de la forense que analizó la prueba principal, la Audiencia Nacional ha decidido fijar el quantum resarcitorio en 30.000 euros, cuando la parte recurrente cuantificaba el grave error de la forense y los daños morales sufridos en 120.000 euros. No siendo la ínfima cantidad señalada la única cuestión que sorprende del fallo, sino que además, el Tribunal ha considerado oportuno condenar en costas a la madre de los menores.

Para entender el concepto de daño moral y exponer cómo actualmente se cuantifica la indemnización en España, vamos a proceder a analizar según la doctrina jurídica el concepto de daño moral y su problemática.

Respecto al concepto de daño moral hay un sector de la doctrina y de la jurisprudencia que integra el daño moral como “aquellas manifestaciones psicológicas que padece o sufre el perjudicado -o persona allegada al mismo por vínculos afectivos o parentales-, por el acaecimiento de una conducta ilícita, y que por su naturaleza u ontología, no son traducibles en la esfera económica” (STS 22/02/01).

De igual forma el Tribunal Supremo se ha referido al daño moral como “la sensación anímica de inquietud o zozobra, pesadumbre, temor o presagio de detracción que sufre el perjudicado damnificado que supone una inmisión perturbadora de su personalidad que, por naturaleza, no cabe incluir, en los daños materiales y en cuanto a su integración positiva, recoge tanto la gama de sufrimientos y dolores físicos o psíquicos que haya padecido la víctima a consecuencia del hecho ilícito, como cualquier frustración, quebranto o ruptura en los sentimientos o afectos”. (STS 22/05/95, STS 13/11/95 y STS 19/02/03).

La problemática que suscita el daño extrapatrimonial (moral) es la dificultad de cuantificar el perjuicio sufrido (el quantum resarcitorio). Muchos son los elementos a tener en cuenta: la duración del daño, la intensidad, la seriedad, la repercusión física y psíquica de salud y bienestar, la angustia mental, la reducción de disfrute de vida, la cuantificación de pérdida de vida afectiva… Sobre la base de lo anterior, para determinar la responsabilidad se deberá determinar la entidad del daño, la relación de causalidad existente entre la acción ilícita y el perjuicio ocasionado, y por último, será necesario fijar una cantidad que restaure el dolor sufrido. El vértice de la cuestión es ¿Cuál es la cantidad monetaria justa o adecuada para volver a la situación ex ante?

Para que el dinero pueda reparar íntegramente el daño sufrido debería haber una situación que fuera homologable a los daños morales, pero eso no existe. Nunca se llegará a reemplazar una pérdida tan grande como la falta de un familiar o un lacerante sufrimiento.

La situación actual es que los Tribunales son los competentes para fijar la compensación indemnizatoria relativa a los daños morales. Si bien, en España somos el único país de la Unión Europea que posee un baremo vinculante de Responsabilidad Civil (baremo fijado en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre) pero por lo que respecta a su ámbito de aplicación, el baremo sólo posee función orientativa en los casos que no traigan causa de un accidente de tráfico, quedando en manos de los Tribunales de instancia el juicio de valor para cuantificar el daño moral.

Actualmente, no existe una línea jurisprudencial unitaria entre las diferentes Salas del Tribunal Supremo, ello genera una falta de seguridad jurídica. Por un lado la Sala 2ª, 3ª y 4ª del Tribunal Supremo considera que el baremo es orientativo y es el juez quien tiene potestad de decidir si utiliza el baremo como base a la indemnización o no, teniendo la posibilidad de aplicarlo a medias. Más concretamente, la línea seguida por la Sala 3ª del TS expone que “la utilización incorrecta de un baremo no vinculante no constituye una infracción de la legalidad, y por consiguiente, no sirve de fundamento para casar la sentencia” (STS 3ª 09/02/2010).

Otra línea distinta es la seguida por la Sala 1ª que entiende que la aplicación del baremo es opcional, pero si el juez decide aplicarlo “deberá respetar su carácter cerrado y excluyente, bajo pena de ser revisado y corregido en casación” (STS 1ª 15/12/2010).

 

Si vd. se siente identificado con alguno de los casos anteriores, en nuestro despacho contamos con grandes profesionales que podrán analizar minuciosamente su caso y luchar por conseguir una indemnización justa, que dentro de lo posible reintegre el daño sufrido.

La Universidad de Barcelona cancela su máster sobre homeopatía

La Universidad de Barcelona ha decidido cancelar el Máster de homeopatía que se impartía desde 2004 por falta de base científica.  La notícia completa en: http://www.diariomedico.com/2016/03/02/area-profesional/sanidad/la-universidad-de-barcelona-cancela-su-master-sobre-homeopatia

RETROACTIVIDAD: JUSTICIA PARA LOS AFECTADOS POR CLÁUSULAS SUELO.

La reciente Sentencia de 26 de enero de 2016 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vic ha resultado de gran polémica, pues se aparta de la Sentencia de 9 de mayo de 2013del Tribunal Supremo y condena a la entidad bancaria a restituir las cantidades cobradas indebidamente desde la fecha en que se firmó el contrato de préstamo hipotecario, y no desdee el 9 de mayo de 2013 como venía estableciendo el Tribunal Supremo.

Las entidades bancarias incluyeron cláusulas suelo en numerosas escrituras de préstamo hipotecario durante la crisis económica de 2008; se trata de cláusulas que fijan un tipo mínimo de interés y por las que los bancos se garantizan unos ingresos mínimos, de manera que, por mucho que baje el interés de referencia, el cliente siempre paga el tipo de interés mínimo establecido como “suelo”. Ante la bajada del Euribor de estos últimos años, aquellos que tienen o tenían una cláusula suelo en sus contratos de préstamo hipotecario no se han podido beneficiar de esta bajada generalizada de los tipos de referencia.

Lo que ha generado tanta indignación viene sobretodo determinado por el modus operandi de las entidades bancarias, pues en la mayoría de los casos no solo prescindieron de informar a sus clientes del funcionamiento de dichas cláusulas, sino que además les llevaron a confusión, pues frecuentemente las cláusulas suelo

se encuentran establecidas de forma oscura y difícilmente localizable en los contratos y, en la mayoría de los casos, éstos fueron presentados a los consumidores como préstamos a “interés variable” cuando en realidad la cláusula suelo determina que la variabilidad al tipo de interés solo opere a la alza, favoreciendo a la entidad bancaria y en detrimento del consumidor.

Falta de transparencia y desequilibrio entre las partes en perjuicio del consumidor

Establece el Tribunal Supremo que, previo al control de abusividad de las cláusulas suelo, siendo que se trata de cláusulas que definen un elemento esencial del contrato como es la contraprestación, deben ser sometidas al control de incorporación, pues para ello se toman en consideración los términos empleados, la redacción de la cláusula y la suficiencia de información al consumidor conforme a los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y conforme al artículo 10.1.a de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; y si el Juzgado entiende que la cláusula no supera el control de incorporación, procede analizar si la cláusula es o no abusiva y para ello lo determinante es la falta de transparencia, el desequilibrio entre las partes y el perjuicio causado al consumidor en virtud de los artículos 82.1 y 87 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Dicho lo anterior, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vic somete la cláusula impugnada al doble control de inclusión y de transparencia y estima que, incumplidos los requisitos de inclusión y concurriendo los de abusividad, procede la nulidad de la cláusula suelo impugnada por abusiva.

 Considera obsoleta la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013

He aquí el quid de la cuestión. Mientras la Sentencia del Tribunal Supremo de 2013 no aboga por la retroactividad, sino que establece que deberán ser restituidas por las entidades bancarias las cantidades cobradas indebidamente desde el 9 de mayo de 2013 hasta la última cuota en que se aplica la cláusula suelo, el Juez de Vic condena a la entidad bancaria a la devolución de las cantidades cobradas de más desde la fecha en que se firmó el contrato de préstamo hipotecario hasta la última liquidación, pues defiende la retroactividad total brindando así una mayor protección a los consumidores de productos bancarios.

La Sentencia se fundamenta en la aplicación del artículo 3.1 del Código Civil, pues considera obsoleta la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 por no cumplirse actualmente con el presupuesto que motivó la decisión, pues “el tiempo transcurrido desde que se adoptó la Sentencia de 9 de mayo de 2013 y la consiguiente recuperación del sistema financiero” permite descartar el efecto de

cosa juzgada. En virtud de todo ello el Juez de Vic condena a la entidad bancaria a restituir al consumidor todas las cantidades cobradas indebidamente durante la vida de la cláusula suelo, desde la fecha en que se firmó el contrato hasta su declaración de nulidad, y deja a un lado el límite a la retroactividad fijado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

El Juez de Vic pues, ha dado un paso adelante en cuanto a la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de productos bancarios, todo ello mientras nos mantenemos a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confiando dé luz verde a la retroactividad absoluta en el asunto de las cláusulas suelo.

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